Se trata de una directiva de especial importancia para la UE, puesto que hay estadísticas que estiman que los fondos sujetos al blanqueo de capitales pueden llegar a suponer entre un 2% y un 5% del PIB de la Unión. «Durante años, los criminales se han beneficiado en Europa del anonimato de sus empresas y de cuentas en el extranjero para ocultar sus transacciones financieras. La creación de un registro central de la propiedad ayudará a levantar el velo de secreto de las cuentas en el extranjero y servirá en gran medida para luchar contra el blanqueo de capitales y la evasión fiscal descarada de algunas empresas», sentenció el ponente de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, el conservador letón Krišjānis Kariņš (PPE).
«Las normas acordadas proporcionarán una mayor transparencia sobre la arquitectura financiera de negocios oscuros creada para facilitar el blanqueo de capitales, así como los mecanismos utilizados a menudo por las empresas para evitar su responsabilidad fiscal», añadió la ponente de la Comisión de Libertades Civiles, la holandesa de Los Verdes Judith Sargentini.
Cuarta directiva contra el blanqueo
El acuerdo dará forma a la cuarta directiva europea contra el blanqueo de capitales y obligará por primera vez a los Estados miembros de la UE a mantener registros centrales donde se publicará información sobre los propietarios finales de las empresas, las personas jurídicas corporativas y otras, así como fideicomisos. Este registro central no estaba previsto en la propuesta inicial de la Comisión Europea, pero los eurodiputados lo defendieron como prioridad y lograron incluirlo en varias enmiendas durante sus negociaciones con el Consejo. El objetivo clave es aumentar la transparencia, lograr que las transacciones dudosas sean más difíciles de ocultar y combatir el lavado de dinero y el delito tributario.
Según el acuerdo, el registro central sería accesible a las autoridades nacionales competentes y a sus unidades de inteligencia financiera (sin restricciones), así como a las entidades bancarias o público “con interés legítimo”, que podrá acceder tras registrarse a través de internet y pagar una tasa que cubra los gastos administrativos.
“Interés legítimo” de acceso
Cualquier persona u organización que pueda demostrar un «interés legítimo», como los periodistas de investigación y otros ciudadanos interesados, también serían capaces de acceder a la información sobre el beneficiario de cada empresa: el nombre del beneficiario, mes y año de nacimiento, nacionalidad, residencia y detalles sobre la propiedad. Cualquier exención al acceso proporcionado por los Estados Miembros sólo sería posible “circunstancias excepcionales” y tras ser justificado debidamente en cada caso.
Los eurodiputados también han logrado modificar varias disposiciones del texto para asegurar una mayor protección de los datos personales.
“Personas expuestas políticamente”
El acuerdo también aclara en el proyecto de ley la disposición sobre las «personas políticamente expuestas», o aquellos con mayor riesgo de corrupción debido a la posición o cargo político que ejerce, como los Jefes de Estado, miembros del gobierno, jueces de los tribunales supremos y miembros de parlamentos, así como sus familiares.
Cuando existen relaciones comerciales de alto riesgo con este tipo de personas, deberán aplicarse medidas adicionales de transparencia, por ejemplo, para establecer el origen del patrimonio y de los fondos involucrados.
Próximos pasos
El acuerdo, alcanzado el martes entre los negociadores responsables del Parlamento y Consejo, debe aún ser refrendado por los embajadores de los Estados miembros de la UE (COREPER) y por las comisiones parlamentarias de Asuntos Económicos y Libertades Civiles, antes de pasar a su aprobación por el Pleno del PE en 2015.
0 comentarios