El Consejo de Ministros ha aprobado la eliminación de las tasas judiciales en todos los órdenes e instancias a las personas físicas. Se mantienen para personas jurídicas, es decir, para empresas, aunque no se hará efectivo hasta su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Con este anuncio, el ministro de Justicia Rafael Catalá cumple su compromiso anunciado en cuanto aterrizó al Departamento ministerial de revisar las tasas judiciales, que para algunos sectores de la judicatura estaba provocando un grave perjuicio a parte de la población. Los abogados, concretamente, desde el Consejo General de la Abogacía Española, se ha realizado a lo largo de estos tres años una dura batalla para que se corrigieran esas tasas, a las que han calificado en reiteradas ocasiones de inconstitucionales.

En su momento, también se criticó mucho al anterior Departamento de Justicia por aprobar estas tasas sin tomar en consideración la opinión de distintos sectores judiciales, como asociaciones de jueces, fiscales o abogados. Es más, desde Justicia se quiso implantar a la máxima velocidad posible, lo que provocó que no se analizara con suficiente cautela las cantidades fijadas, como reconocieron en ese momento fuentes ministeriales.

El TC, pendiente para resolver

Es más, el Tribunal Constitucional tiene encima de la mesa varios recursos contra las tasas aprobadas por Gallardón y que le provocó muy mala imagen. Desde el órgano constitucional ya estaban elaborando la ponencia para debatirla en pleno y con el objetivo de resolverlo antes de las pasadas Navidades cuando el anterior ministro anunció su dimisión y Catalá, al coger el testigo, prometió en su primer discurso una revisión de las tasas.

Durante estos tres años, el Gobierno ha recaudado más de 500 millones de euros gracias a las tasas judiciales, que ha provocado, según diversos sectores, una merma en el acceso a la Justicia. Es más, esta misma semana, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), exigía al Ejecutivo que reinvierta los 512 millones de euros que ha fijado como ganancia por las tasas en la mejora de la justicia, la ampliación de las plantillas, la interconexión informática o la mejora de las condiciones de los trabajadores.

Fuente: El Confidencial